Desde que trascendió la información, los gobernadores se pusieron en guardia. En medios nacionales se señaló que la Casa Rosada prepara un recorte de $ 300.000 millones que, entre otras medidas, implicaría un cambio en el mecanismo para financiar la ejecución de viviendas. Puntualmente, se mencionó que a partir del año que viene el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) dejará de contar con fondos nacionales y que el esquema de financiamiento correría por cuenta de cada provincia.

Frente a esa información, desde la Secretaría de Vivienda de la Nación aseguraron que el Fonavi siempre fue de las provincias. Lo recauda la Nación a través del impuesto a los combustibles y se lo transfiere en forma directa por coparticipación a las provincias. En 1972 cuando se creó el Fonavi y hoy en 2018 también. Lo establece la Ley expresamente, puntualizaron desde esa repartición federal.

De todos modos, manifestaron que una de las alternativas que se está analizando a futuro es utilizar los fondos Fonavi como garantía para apalancar y financiar la continuidad de las obras, pero de ninguna manera va a implicar discontinuar con el plan de vivienda.

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En ese marco se encuentra trabajando el Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio, con los gobernadores provinciales, y sus respectivos equipos, en pos de continuar con el Plan Nacional de Vivienda que es prioritario para el presidente Mauricio Macri “porque esas son las cosas que realmente mejoran la calidad de vida de la población, generando a su vez empleo del bueno”.

En ese sentido, el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, se refirió a la continuidad de las obras de construcción de vivienda y aseguró que el Gobierno Nacional “está trabajando en la definición del presupuesto 2019 y el compromiso que deberán asumir en conjunto con las provincias para generar alternativas de financiamiento para seguir generando soluciones habitacionales, lo que implica la redefinición de distintas líneas de acción para mantener el nivel de empleo y actividad que genera la política de vivienda; me refiero a proyectos que no tengan tanto impacto en el gasto fiscal y que incentiven la construcción de viviendas también por parte del sector privado”.

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Asimismo, Kerr repasó los principales ejes de gestión de la Secretaría de Vivienda y del Ministerio del Interior y Obras Públicas, resaltando que en 2018 ya llevan entregadas 10.341 viviendas sociales, de las cuales esperan llegar a entregar 23.000 aproximadamente.

“Buscamos entregar viviendas asegurando la sustentabilidad de las construcciones y el acceso a los servicios públicos; generar condiciones de financiamiento para multiplicar los proyectos; y favorecer el acceso al crédito”, indicó.

“Tenemos que salir de un Estado netamente constructor a otro facilitador, que pueda generar más soluciones y atender el déficit habitacional. Necesitamos desarrollar herramientas financieras de crédito intermedio a las pymes constructoras como de crédito hipotecario para los beneficiarios, como ya lo han hecho exitosamente otros países de la región”, concluyó Kerr.

Impacto local

El plan había sido relanzado por Macri, en abril de 2016, y proponía construir 120.000 viviendas en cuatro años.

El programa incluía otorgar 175.000 créditos subsidiados (contemplando el Procrear), entregar 300.000 títulos de propiedad y brindar 450.000 microcréditos para refacciones. El costo total estimado por la Nación al momento de su lanzamiento era que el plan iba a insumir de $ 100.000 millones en cuatro años.

En Tucumán, la discontinuación de los fondos para construir viviendas sociales generaron zozobra. Según datos del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), en la provincia se encuentran en ejecución 2.301 casas. Del total de frentes de obras del Ipvdu, 300 corresponden a la Capital; 197 a Concepción; 410 a San Andrés; 50 en Aguilares; 126 en Yerba Buena; 140 en Villa Mariano Moreno; 166 en Lomas de Tafí; 46 en Trancas; 126 en Manantiales Sur; y 500 en Las Talitas.

La preocupación, entre pasillos de Casa de Gobierno, es porque la caída de fondos nacionales podría afectar las 400 viviendas prometidas a los empresarios de la construcción local para atenuar la crisis por los certificados de obra adeudados. En la Rosada, en tanto, intentan de que el fondo Fonavi no sea de uso discrecional, sino específico.